Cuando aparece nítida la responsabilidad no asumida de pagar la deuda social evitando el despilfarro y desmanejo de los caudales públicos.
Es de rigor imponer – sobre todo tratándose de cuestiones de entidad, vitales de interés general – de genuino sentido, de autenticidad, a los procedimientos y formulaciones emanadas de las autoridades. De ahí que corresponda, de entrada, examinar cual es, en esencia, el contenido del así llamado “desendeudamiento” a que se encuentra abocado el gobierno argentino.
En primer lugar, por principal, el análisis corresponde acerca de cuál es la legitimidad de las acreencias – tal es el caso suscitado por el Club de París –cuyo pago irroga sumas tan exorbitantes que las vuelve inmanejables, feéricas, de las que puede afirmarse tienen origen espurio por haber sido contraídas en tiempos de gobiernos dictatoriales –deuda odiosa- sin control legislativo, para fines ajenos al bien común y que han venido a ser presentadas viciadas de anatocismo – usura – y por la elevación ilegítima, unilateral de las tasas de interés. De su historial se pueden recoger hitos significativos de infames trapisondas tramadas desde el poder, para enriquecimiento de unos pocos y para “poner a la Nación de rodillas” en los términos del juez federal Ballestero, quien concluyera en sancionar el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda externa argentina. Este pronunciamiento inapelable, serio, sólido, vigente, fundado en 200 páginas con apoyo en 18.000 elementos documentales, de peritajes y declaraciones – de entre las que destaco la del Dr. Martínez de Hoz revelando que endeudó más al Estado para satisfacer los requisitos en vista de salvación del sistema financiero mundial, no puede, no debe ser desconocido sin incurrir en responsabilidad. De entre los actos oficiales, no pueden obviarse aquellos, que increíblemente – “estoppel” – propugnan la supuesta cancelación del endeudamiento con el confesado propósito de volver a someterse a los mercados extranjeros de capitales. Esto por contradictorio, absurdo y casi irreal es insostenible e inadmisible y constituye un demencial desprecio a la seguridad jurídica, a la moral, que en política de Estado es hoy imperativo jurídico impuesto incluso desde grandes convenciones internacionales que sancionan a las conductas así configuradas con el estigma de la corrupción y de la impunidad. Es que, la comunidad internacional ha avanzado hacia la protección de los derechos humanos enfrentada, justamente, a las fuentes de su aseguramiento para que las garantías al reconocimiento de tales derechos no sean baldías o estériles, para crear condiciones apropiadas a los principios generales del derecho más concernientes: justicia, pro –homine, progresividad, favorabilidad, igualdad, protección, integralidad del mundo jurídico, defensa, analogía, razonabilidad, etc.
Bien puede ser aplicado, para este solo ítem consistente en una quiebra de la buena fe – principio cardinal- respecto de una cuestión clave para el país por su importancia económica –financiera, institucional y, sobre todo social, que ella pone de resalto el cuantum de calidad en los estándares gubernativos; el nivel de autenticidad que deben revestir las proclamaciones para que ellas no sean contradictorias o devengan germen subrepticio de situaciones hostiles al interés general. Porque no es posible conciliar el deber de buen gobierno de los fondos sociales con una conducción de las finanzas estrábica, oportunista, deshumanizada, francamente en pugna con clarísimos textos constitucionales, detrayendo impíamente incluso para ceder a empresas transnacionales los fondos jubilatorios, – técnicamente intangibles como no sea para sus fines específicos – y que han venido a constituir una fuente principalísima para el financiamiento de gastos corrientes de la Administración pero, también, además, para hacer frente a pagos – indebidos, criminosos – de deuda externa, muchas veces auditadas por el F.M.I., el mismo que cohonestó al igual que gobiernos argentinos los pagos sucesivos de deuda ilegítima y fraudulenta y las evasiones de fondos por decenas de miles de millones U$S, admitido por los gerentes del fondo.
Agréguese, a manera de colofón, a este tema que complica también a los gobiernos provinciales inducidos a la orgia financiera que no repara en hacer recaer las consecuencias de sus negociados sobre las generaciones del porvenir – en clara violación a derechos humanos que garantizan para siempre una mejora en las condiciones de vida – una casi olvidada y más que despreciable muestra de la indiferencia de los poderes públicos ante el descrédito y la ofensa irredimible a la Patria: el desplazamiento, la anulación, de la jurisdicción de nuestros tribunales subrogada por jueces y leyes extranjeras para tratar los juicios por razón de deuda externa. A esto siempre hemos denunciado como un oprobio. Debe recordarse, en igual tesitura, el pronunciamiento del Plenario – 2006 – del Foro Nacional (in fine).
En este contexto, que arruina a la sociedad, a su dignidad, al presupuesto, al futuro de todos, se inscribe la tentativa, también ruin, de complacer al Club de Paris con 9.000 millones de U$S.
